Gobierno se compromete con taxistas a combatir Uber (no importa cuándo leas este titular)

— Ayer en horas de la noche representantes del Gobierno y del gremio de los taxistas llegaron a un acuerdo para poner fin a los bloqueos en carreteras que se venían realizando desde el martes y que tuvieron colapsada la —ya de por sí caótica— red vial de nuestra capital.

— El acuerdo consta de 10 puntos e incluyen el compromiso del Gobierno —una vez más— a “respetar y garantizar el cumplimiento de la ley que regula el transporte remunerado de personas y buscar una solución definitiva al problema de transporte modalidad taxi”.

— El Ejecutivo designó a Rodolfo Mendez Mata, ministro de Obras Públicas y Transporte, y a los demás jerarcas del MOPT como los responsables de liderar el proceso de negociación para alcanzar una respuesta a la problemática de los taxistas.

— En cuanto a las otras demandas de la Fuerza Roja se aceptó pasar la bola y referir las solicitudes a las instituciones competentes:

1. El Superintendente de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ya que los pagos de UBER se hacen por cuentas bancarias nacionales.
2. La ministra de Hacienda, para que los taxistas puedan exponer el tema de los impuestos que no se le están cobrando actualmente a la aplicación y a sus choferes.
3. Gestionar con el MICITT y MEIC para que los taxistas puedan conversar sobre sus dudas por la pauta publicitaria de los servicios irregulares de transporte (entiéndase la publicidad de Uber que sale en toda la red).
4. Investigar a través del COMEX si se está cumpliendo lo que establece el decreto que faculta a UBER para tener su centro de servicio en un Zona Franca del país.

Dato D+: En abril del 2016, a través del acuerdo 0083-2016 del Ministerio de Comercio Exterior se otorgó el régimen de Zona Franca a Uber para establecer su "centro de excelencia" en el país. Dos años después el centro ya contaba con 480 empleados y se espera que para el cierre de este año la cifra aumente a 600.

— Por todos es sabido que esta no es la primera vez que el Gobierno “cede” a las demandas de los taxistas en el caso Uber. En julio del año pasado Luis Guillermo Solís se había comprometido a valorar una demanda contra la empresa, solo para llegar a la conclusión tres semanas después de que no podía realizar la demanda, pero, eso sí, anunció que continuarían con las mesas de trabajo para solucionar el problema —cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia—.

Dato D+: Después de las manifestaciones de taxistas en contra de UBER en agosto del 2016 —que terminaron con 78 taxistas detenidos, 33 carros decomisados y 119 partes realizados— Rubén Vargas, dirigente de la Unión de Taxistas Costarricenses, había señalado que si el gobierno quería legalizar Uber, debía pagarle a cada taxista 70 millones por devolver las placas. #lindamanera

— Tal y como mencionamos ayer este es un tema que no se va a solucionar hasta que se regule la nueva realidad que vivimos. Pensar que es posible regresar al pasado y que los taxistas volverán a ser el único servicio de transporte privado es una ilusión más que desconsiderada con los taxistas. Mejor harían en recordar que mucho antes de que Uber existiera, ellos protestaban porque existían los porteadores  —que ahora son sus aliados contra Uber— y los porteadores protestaban porque se quería limitar su número y etc, etc, etc.

— Si hace 10 años ya se podía evidenciar la necesidad de cambios en temas de transporte público tipo taxi, ahora es más que claro que la realidad nos superó y los cambios son tan urgentes como indispensables... Bien lo expresó el diputado Enrique Sánchez ayer en su Facebook:

Un gobierno tiene dos formas de asumir la economía digital, y todas las plataformas que, como Uber, son parte de ella.
La primera es la defensiva, priorizando regulaciones y prohibiciones. Esa ruta incluye el intento, siempre infructuoso, de adaptar esa nueva economía a las reglas vigentes en materia tributaria, laboral y de regulación. Muchas de esas reglas están de por si obsoletas.
La otra ruta es ofensiva. Es la proactividad para adaptar esas reglas a las nuevas realidades de la economía, promoviendo que sean aprovechadas por el país para generar innovación, empleo y mejores servicios.
Yo apoyaré siempre la segunda ruta. Tenemos que avanzar en la decisión legislativa para garantizar la permanencia de diferentes formas de economía digital, entre ellas Uber, cumpliendo con estándares mínimos que consideremos irrenunciables, como el aporte al fisco y a la seguridad social.
Este debate debe considerar tres premisas:
- La discusión Uber/Taxis en pocos años será irrelevante, ante el inminente desarrollo de la economía digital.
- La discusión no puede partir de homologar regulaciones "hacia arriba". De repente lo que toca es desregular algunas prohibiciones y reglas bastante poco útiles en la actualidad.
- Nuestra normativa es bastante antigua, no pretendamos que todo quepa en ella.

— Esta vez no podríamos estar más de acuerdo con él... esperamos que desde su curul pueda avanzar la legislación necesaria para empezar a resolver este tema de una vez por todas.

— Como bien recordarán la semana pasada decidimos retomar el #Pastillazo a fin de revivir el tema y procurar llamar la atención en torno al insólito hecho de que pasara desapercibido.

— Resumen Ejecutivo: a inicios de junio La Nación reveló  un manejo inapropiado de cerca de $320 millones en la CCSS que dejó como resultado un serio faltante de medicinas e insumos médicos en distintos centros médicos del país. Como resultado del desastre se ordenó la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja y 5 funcionarios fueron separados de sus cargos temporalmente.

Puede ampliar y retomar con: ¿El desangrado de la Caja ¿nos indigna lo suficiente?

— A pesar de la gravedad de los hechos la denuncia no había inquietado a los diputados hasta el jueves pasado, cuando felizmente decidieron mover el engranaje para que en Ingreso y Gasto se empiece a investigar el aquelarre.

Puede ampliar en: Al César lo que es del César y a Prendas lo que es de Prendas…

— El día de ayer sumamos otra buena noticia vía Nación, pues trascendió que ya la Fiscalía le metió mano al caso también. Hay que avisarle de una vez a los diputados que esto no implica que no deben de continuar con su intención de investigar ya que fue precisamente esa la excusa que utilizaron para no meterle el diente al caso Opol-Restauración (el cuento de que ya se investigaba en otra vía).

Lea el artículo de Gustavo Araya: El desabasto de medicamentos e insumos médicos en la Caja.

— La Nación informó que las propias autoridades de la CCSS solicitaron al Ministerio Público que investigue a fin de determinar si se cometió algún delito como el de peculado.

— Por ahora no se investiga a ninguna persona en particular y las denuncias son “generales” según confirmó a LN el presidente ejecutivo de la Caja, Fernando Llorca Castro.

— Tanto Llorca Castro como la gerente interina de logística, Gabriela Murillo Jenkins, podrían ser convocados por el Congreso en caso de que los diputado decidan entrarle de llena al caso. Murillo Jenkins fue de las primeras personas en pegar el grito al cielo ante el relajo que se encontró...