El pasado lunes, el movimiento sindical decidió secuestrar la libertad de tránsito e infligir daño terrible a los ciudadanos y al sector productivo, ese que genera la riqueza para que el Estado pueda operar y, a la postre, pagar los salarios de los servidores públicos. Si bien el movimiento de huelga, así como lo servidores públicos, son importantes en una sociedad, el sindicalismo debe recordar que la huelga debe ser justificada, y el servidor público que su deber es servir al pueblo, y no servirse de este.
Dado lo anterior, esta huelga fue injustificada, y como tal debe ser declarada ilegal. Pero lo más lamentable fue ver como el movimiento sindical se retrató, al simplemente oponerse a todo sin ofrecer una sola solución. Un programa radial fue testigo de cómo, durante dos horas, dos dirigentes sindicales se avocaron en criticar todo, y en proponer absolutamente nada, bajo el argumento de que no podían revelar su propuesta. Pero lo más interesante es que en dicho encuentro radial, ambos sindicalistas lanzaron sendas falacias con el fin de intentar desviar su ausencia de propuestas. Una de ellas, fue señalar que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) no sufría reformas desde hace más de 20 años.
Lo anterior solo desnuda dos cosas: 1- que el sindicalista no se prepara ni conoce la realidad o 2- miente sin reparo. Durante el gobierno Chinchilla Miranda, se promulgaron dos leyes importantísimas para la Administración Tributaria (Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y Ley para el cumplimiento del estándar de Transparencia fiscal), que reformaron enormemente el CNPT, y dieron armas nuevas y modernas a la Administración.
Dichas reformas, incluso dieron paso a sanciones de hasta el 150% del monto dejado de pagar por un contribuyente, capacidad de embargo preventivo a la administración tributaria, así como la definición del delito de fraude a la hacienda pública. Más aún, durante la administración Solís Rivera, se promulgaron más proyectos a favor de la lucha contra la evasión fiscal, creándose incluso un registro de beneficiarios finales. Es decir, las últimas dos administraciones modificaron completamente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), incorporando armas modernas para combatir el fraude y darle mayores poderes a la Administración Tributaria. De tal grado fue la reforma al CNPT, que fue necesario promulgar un nuevo reglamento.
La otra falacia, es justificar la oposición al proyecto de reforma bajo la cuestionada cifra que la evasión es de 8,2% del PIB. Lo anterior debido a que dicha proyección tiene tres problemas, siendo el principal que mezcla la evasión con la elusión. Y nos guste o no, la elusión es legal y no supone “plata dejada de cobrar”. Es imposible determinar cuánto de ese 8,2 % del PIB es evasión y cuánto es elusión. Con solo eso, se cae el estudio. El segundo problema, es que supone un escenario de cumplimiento perfecto de las leyes tributarias, el cual no se da en ninguna parte del mundo. Y el tercer problema, pero no menos importante, es que los números son con respecto a una recaudación potencial y siempre que uno compara con recaudación potencial, puede correr el riesgo de sobrestimar esos montos.
La reforma fiscal es urgente y todos debemos contribuir. El que se oponga, debe hacerlo con argumentos y no mentiras que enturbian el debate. El empleo público es fundamental para el crecimiento económico y social de nuestro país, por ello debe ser vigoroso, justo, equilibrado, equitativo y transparente. Pero sobre todo, no puede ser movilizado a base de mentiras ni creer que no debe ser parte de la construcción del país aportando, como todos.
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