En el Poder Judicial nunca antes se han visto los acontecimientos que se han evidenciado durante el último año. El cuestionamiento directo y el enfrentamiento valiente eran cosas raras, salvo su versión consabida de la “serruchada de piso” sumida en el ámbito de la hipocresía y el anonimato.
Distintas razones hacen que eso sea así, pero tal vez la más asentada y en la que podríamos tener cierto grado de consenso es que el Poder Judicial ha sido de línea ultraconservadora, ligada a estereotipos como que se trata de “la gran familia judicial”, donde tradicionalmente “los trapos sucios se lavan en casa”, “yo sé que usted es leal y no nos va a traicionar” y “hablando se entiende la gente” o la zona de confort que genera el muy difundido respeto al “principio de conservación del puesto”.
Todo eso permitió, por años, una cierta “calma chicha”, que enmascaraba incomodidades subterráneas, cual olla de presión o bomba de tiempo, estaba ahí para aflorar a la realidad de un momento a otro. Hasta que surgen ciertos puntos de inflexión que actúan como disparadores y hacen a una buena cantidad de personas decir: “o hablo o reviento”. Es ahí en donde se expresan con aplomo ciertas acciones o empieza a revelarse a otro nivel secretos a voces que todos conocíamos, pero nadie se atrevía a externar en público.
Mucho ha acontecido en el último año en el Poder Judicial, lo último y más relevante es lo referente a las consecuencias de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, más conocida como la Comisión del Cementazo y sus implicaciones en el seno de Corte Plena.
Como preámbulo tuvimos el estallido de una huelga impensable en la institución, que aunque estuvo plagada de muchos errores, cabe apuntar que en ella se fraguó una importante herramienta, sin la que hoy en día lo que está pasando a lo interno no se estaría gestando, me refiero a que muchos de esos funcionarios dóciles y temerosos se vacunaron contra el miedo.
Esa inoculación ha permitido que un grupo, cada día más grande, de mujeres y hombres valientes que laboran en el Poder Judicial se sumen a la fuerza de la Costa Rica honesta, solidaria, crítica, alzando su voz pronunciándose en contra de lo inaceptable, y a modo del grito revolucionario de otra generación, griten con fuerza: “seamos realistas, exijamos lo imposible”.
Así se logró la suspensión inicial del exmagistrado Celso Gamboa y del exfiscal general Jorge Chavarría. Esa fuerza, que exigió que el indiscutible cambio que se había notado en el periodo de nombramiento interino de Emilia Navas, se consolidara con su nombramiento en propiedad. La Fiscala General Emilia, no le debe su puesto al hoy expresidente de la Corte. Ella fue puesta en ese sitio para una asignación encomendada por el Soberano democrático, exigido primero en tímidas manifestaciones en la Plaza de Justicia, pero replicada con voz fuerte y determinante en otras trincheras.
Esa misma corriente democrática es la que ha producido más recientemente que se desquebraje la solidez de la impunidad disciplinaria de un grupo, que no seamos ilusos, aún se mantiene en parte oculto y camuflado en las altas esferas de la Corte Suprema de Justicia.
El punto de no retorno está en que hoy son más los que no están dispuestos a callar, los que tienen un claro compromiso con la inconformidad de lo que está mal, que están determinados a denunciar y a que las denuncias tengan las consecuencia legales que correspondan, que aunque se trate de la Corte Plena, se les exigirá coherencia y transparencia en sus decisiones; que criticará cuando se muestren endebles y no respeten el principio de independencia judicial por presiones o amenazas de no reelección; que se denunciará y no tolerará más que se evadan las recomendaciones de las Comisiones Investigadoras de Control Político, cuando estas en efecto pongan al desnudo -como lo hizo la Comisión del Cementazo- el inconveniente compadrazgo entre los negocios, la clase política y la cúpula del Poder Judicial; que denunciaremos el nepotismo, evidenciando en que no es posible que un grupo de menos de 50 personas se benefician en la alta gerencia, que haya un matrimonio cuyos integrantes gozan, ambos, de ese indiscutible y ya cuestionado privilegio. En fin, hay un nuevo actor como agente de cambio.
Otro aspecto que me parece relevante para resaltar es que, cada vez más, el común de la gente toma conciencia que la mayoría del Poder Judicial es gente común. Que hay un pequeño grupo diferenciado, una cúpula, un estamento gerencial donde —si bien no todos— ha habido una influencia y manipulación por los intereses políticos y económicos de los poderosos, para hacer que lo que ahí se decida sea conforme a sus intereses y en menoscabo de las grandes mayorías, ese despertar de conciencias es determinante para la generación de más democracia.
Cierro con las palabras de Jospeh Ramoneda: “¿Qué es la democracia sino un frágil mecanismo pensado para evitar el abuso de poder? Por eso estorba, por eso hay tanto empeño en neutralizarla y reducirla a un simple rito de voto cada cuatro años … La democracia es el reconocimiento de que todos vivimos a la intemperie. Y de que necesitamos mecanismo para controlar el abuso de poder, para que nadie nos pueda imponer su voluntad en nombre de la naturaleza de las cosas, …”
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