En la coyuntura político-fiscal actual cabe la pregunta: ¿nadamos todos en la misma corriente? Aunque el Gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada ha iniciado su periodo en medio del desequilibrio fiscal, su insistencia sobre la importancia de reformar el sistema tributario nacional ha sido casi poética y no parece caer tan mal en algunos sectores de la población.

Pero esta no ha sido una insistencia exclusiva de Alvarado. Sus dos predecesores inmediatos, Luis Guillermo Solís y la expresidenta Laura Chinchilla también tuvieron en agenda un “plan fiscal”.

¿El problema? Costa Rica es un país tan pequeño que un día se es oposición y el otro Gobierno. La discusión de cómo financiamos la nación que somos debe ser de primer orden, sin embargo, al ser politizada hoy estamos al filo del despeñadero.

Por ejemplo, cuando el Gobierno de la exmandataria Chinchilla presentó un proyecto fiscal, el ex presidente del Congreso, hoy ministro de comunicación, Juan Carlos Mendoza, fue de los dos únicos diputados del PAC que se negó a votar afirmativamente el proyecto.

“No podemos avalar este paquete de impuestos, pues los ricos no están pagando lo que tienen que pagar, mientras que la clase media tendrá que cubrir el grueso de los nuevos impuestos”, declaró Mendoza al diario La República. Lo que Mendoza no sabía es que casi dos períodos presidenciales después, dicha propuesta mantendría la línea hasta el Gobierno de Alvarado.

Esta línea se sostiene porque Luis Guillermo Solís aportó pocas modificaciones al proyecto de la expresidenta. El planteamiento de Solís se basó principalmente en la recaudación mediante el IVA (impuesto de valor agregado), pero no atacó el gasto, que dicho sea de paso es la piedra en el zapato de cualquier intento por una reforma tributaria. Sin mayor sorpresa la aprobación del proyecto no logró ver la luz durante la administración Solís Rivera, y el problema fiscal se mantiene hasta hoy.

De cualquier manera el plan presentado en noviembre anterior, llamado por los sindicatos “El 20,580”, es la propuesta que actualmente se discute en la Comisión Dictaminadora de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Lea: ¿Qué contiene el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas?

La paradoja se repite. Quien fuera el ministro de presidencia de Laura Chinchilla, Carlos Ricardo Benavides, hoy jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional, “condicionó” a inicios del actual Gobierno los votos de su fracción al expediente 20,580 (que dista poco de la propuesta hecha  durante el mandato de Chinchilla) a la presentación de un plan de contención del gasto público. Tal condición fue acatada por el Gobierno y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó dicho plan ante todo el Congreso.

Esta extensa introducción pretende ilustrar que en Costa Rica la mayoría de figuras políticas acomodan su discurso al puesto que ostentan, oficialismo u oposición, mientras el problema fiscal sigue creciendo. Y digo “la mayoría” porque no todos tambalean sus posiciones. Por ejemplo, los sindicatos siempre han estado y siguen opuestos a cualquier propuesta de ley que proponga nuevos impuestos.

Simpaticemos o no con ellos, hay que reconocer que son actores políticos que juegan un papel importante en torno a este debate, pues sea que se atiendan o no sus solicitudes, lo cierto del caso es que, en alguna medida, aportan o retrasan la discusión.

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Para quienes son más jóvenes y no se ubican con el sector sindical, según el Código de Trabajo, los sindicatos pueden ser gremiales, empresariales, industriales o mixtos. En nuestro país generalmente priman los gremiales y los más grandes son los del sector público, específicamente los de educación y salud. Justamente en abril pasado, los sindicatos se pusieron de acuerdo para “batallar contra el Plan Fiscal del Gobierno”.

Esta semana, conversamos con Luis Chavarría, vocero del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y sindicalista de UNDECA, sindicato de la Caja, para saber más o menos por dónde andan las demandas de los agremiados en cuanto a la reforma fiscal.

BUSSCO y otras agrupaciones sindicalistas han solicitado al Gobierno de Carlos Alvarado retirar el 20.580. Pero primero, ¿qué es este Bloque y cuáles son los términos en que conversan con el Gobierno?

 

 

El Bloque ya se ha reunido varias veces con Carlos Alvarado, de estas reuniones, ¿cuáles diría usted son dos puntos de encuentro y dos puntos de inflexión?

—Primero hay que resaltar que nosotros nos hemos reunido con el presidente en varias ocasiones principalmente porque él era ministro de Trabajo. Hablamos de fortalecer el ministerio de Trabajo, consideramos que cada vez más es una institución venida a menos, porque no es de interés de los gobiernos ni de las políticas económicas.

Lógicamente planteamos que, nosotros no tenemos una visión como movimiento sindical, sino una visión de modelo de país.

¿Cuál es esta visión de modelo de país que ustedes tienen?

—Nuestra visión es un modelo de distribución equitativa de la riqueza. Pero para distribuir bien la riqueza tiene que haber buen financiamiento para la educación, para que todas las personas puedan estudiar; esto obviamente tiene que garantizarse con los impuestos del Estado. Garantizar que la salud sea universal, etc.

Entonces, nosotros vemos al país con una visión progresista, si se quiere socialista, donde la distribución de la riqueza no se quede concentrada en pocas manos, como ya actualmente se dice. Ayer [13/06/2018] el Estado de la Nación, creo que fue, dijo que parecemos como a África.

Aquí hay segmentos de la sociedad costarricense prácticamente en extrema pobreza. Esto es parte de la política neoliberal que viene minando las bases del financiamiento, del recurso humano, de la calidad de la educación.

Volvamos a mi pregunta inicial, ¿cuáles son las inflexiones con el Gobierno de Carlos Alvarado?

—La más grande es cómo se resuelve el problema fiscal. Ellos [el Ejecutivo] lo que justifican es que no hay tiempo, nosotros decimos que esto no es un problema de nosotros, esto ha sido un problema de este Gobierno, pero también del Gobierno que antecedió y de muchos Gobiernos más.

Entonces, ponernos a nosotros, al sector sindical y social, a aceptar lo que está mal [impuestos] y que garrotea al pueblo porque el Gobierno tiene que buscar ingresos, es inaceptable. Aún más inaceptable es que aquí lo que se propone es un paquete fiscal que no viene a grabar absolutamente en nada a los capitales más grandes de este país.

En la lógica que ustedes proponen de que este es un problema que viene desde hace varios gobierno y que por ende no es problema de los sindicatos, ¿cuál es la visión país que tienen? porque sin duda aunque no haya sido su culpa si esto no se resuelve igual nos afecta a todos...

—Bueno, la visión país que tenemos nosotros, como movimiento sindical, es que no podemos aceptarle los argumentos a la clase política de que porque al país lo llevaron ellos al borde de donde está [déficit de -7.1% del PIB] nosotros debamos aceptar sus propuestas como las únicas que valen.

Hemos dicho que retiren el 20.580 y que discutamos, el mismo presidente de la República se comprometió a crear una mesa de diálogo nacional para resolver estos grandes problemas, y ya hoy no quieren. Pero lo que nosotros proponemos es que aquí se resuelven las cuotas [el déficit] atacando la evasión, el fraude fiscal, las exoneraciones de impuestos y otras aristas que llegan al 8.2% del PIB.

Es decir, esta propuesta podría venir a resolver progresivamente el problema fiscal, porque no estamos pensando en que esto hay que hacerlo de una sola vez. Aquí [el déficit] se resuelve si las grandes empresas, los grandes capitales de este país pagan impuestos.

Lógicamente hay que buscar una manera para que no se vayan, etc, etc. Pero ningún proyecto de estos está atacando esta clase evasora, inclusive a empresas nacionales que ya se saben, Teletica, Grupo Nación y otros que han sido evasores y que están totalmente identificados.

Ciertamente, como dice Chavarría, la evasión fiscal en Costa Rica representa más del 8% del Producto Interno Bruto. En 2016, el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, dio a conocer dicha información.

Según Hacienda “el incumplimiento del impuesto general de ventas (IGV) y del impuesto sobre la renta en el año 2013 se estimó en 8,22% del PIB, equivalente a más de ¢ 2 billones en ese año, suma superior al déficit de entonces de 5,4% (1,3 billones)”.

Sin embargo, esta realidad podría cambiar pronto. El gobierno de Carlos Alvarado anunció que implementará un plan para recuperar más de 70 mil millones de colones por casos evasión fiscal que se encuentran en instancias judiciales. El plan también apuesta al control cruzado e invita a la ciudadanía a denunciar.

Por otra parte, dado que el problema fiscal se resuelve desde múltiples frentes, le pregunto a Chavarría si más bien han considerado que sus propuestas por atacar la evasión deben agregarse al proyecto en lugar de retirarlo del todo para así continuar avanzando. Él me responde:

—No, es que para nosotros ya ellos crearon ese adefesio, su idea es atacar, denigrar y desaparecer a la clase trabajadora del sector público, porque ese es el ataque que existe solo porque ganan un poquito mejor, lo han visto como un apartheid y nos dicen que el problema del país son los derechos que tienen los empleados públicos.

Entonces aquí estamos en un punto totalmente inflexible.

En algún momento BUSSCO ha dicho que la discusión en torno al tema fiscal debe ser integral, ¿que entienden ustedes por integral?

—Para nosotros es abrir una mesa con la representación los sectores organizados como solidarismo, cooperativismo, sindicalismo, organizaciones del campesinado, organizaciones de mujeres, etc.

En otras mesas que se han creado en el pasado han participado equipos especializados y técnicos de las universidades públicas, principalmente de la UNA, UCR. Aquí hay un vigilante de la ciudadanía que es la Defensoría de los Habitantes que tiene que velar por esto. La Iglesia Católica.

 

Aunque en abril anterior los sindicatos “hicieron las pases” entre ellos para hacerle frente al expediente 20,580, lo cierto del caso es que dentro del sector no siempre todos se han llevado bien.

Tal es el caso del segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, y gran parte de los sindicatos. Pues, aunque vemos que la discusión pública sobre la reforma al sistema tributario del país, en alguna medida, incluye a los agremiados, dicho sector no percibe a Rodríguez como aliado en la toma de acuerdos para avanzar.

¿Cómo se lleva el sector sindical con el vicepresidente Marvin Rodríguez?, ¿lo ven como aliado en este debate?, él viene del sector sindical…

—Tal vez aclarar, el sector sindical tiene varias corrientes. Por lo general esas corrientes tienen que ver con el sector que representan, Marvin Rodríguez viene de una parte del sector educación, del SEC, y resulta que en este sector está un sindicato más grande, que es el ANDE, y el APSE, y él llegó ahí [a la vicepresidencia] y a ningún sindicato nos preguntaron si nos parecía que él era un buen representante o no, pero bueno...

Pero él no ha tenido un liderazgo en el movimiento sindical, así es que nosotros lo que decimos es que lo vemos en la línea política del gobierno.

Como Bloque, ¿cuáles son las expectativas que tienen de este Gobierno?

—Teníamos muchas.

¿Tenían?, así tan rápido…

—Sí, sí. Porque nosotros consideramos varias cosas que se repiten en este país y es que cuando se es candidato se promete todo, pero cuando se es presidente me olvidé de todo.

Eso no es raro en este país, aunque con Luis Guillermo Solís, él se comprometió y nos dio espacios por lo menos para crear algunas mesas: en educación, salud, etc.

Con Carlos Alvarado, lo que consideramos es que él hizo un pacto principalmente con el PUSC y creo que ese pacto se compromete con una forma de gobernar distinta a la del PAC.

 

Voy a hacer una crítica. La Iglesia Católica le envió hace aproximadamente un mes, una nota [a Carlos Alvarado] para decirle que él había hablado de una unidad nacional, y en este momento [esa nota] no le ha sido respondida a la Iglesia, y ellos [la Iglesia] son parte de los actores [sociales].

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Con esta crítica terminamos nuestro encuentro. En medio de una oficina llena de papeles y sin computadora, Luis Chavarría defiende su derecho sindical de abogar por la clase trabajadora del país.

Sin más postura que una rotunda negativa al proyecto de ley llamado Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la propuesta del gremio es borrón y cuenta nueva. Eliminar “el adefesio” de plan y olvidarse de imponer tributos a la "clase trabajadora".

En este sentido, ¿nadan en la misma corriente los sindicatos del país? No deje de leer la otra semana Lo Personal es Político. El vicepresidente Marvin Rodríguez contestará esta pregunta.