El pasado 11 de junio el periódico La Nación publicó una noticia cuyo titular detendría el pulso a cualquiera que muestre la mínima preocupación por la paz social en nuestro país. Sin dilación alguna la lectura del texto le haría levantar la voz para hacerla llegar lejos, muy lejos; ni siquiera tiempo le daría de ponerse a pensar en cálculos políticos de torcida raigambre.

La noticia trata de un presunto “desorden” en la CCSS, hallado a mediados del mes de mayo por quien ocupa actualmente, de manera interina, el cargo en la Gerencia de Logística, en una de las tres dependencias bajo su mando: la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.   

Este “desorden” está caracterizado por el faltante de medicamentos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el cual aumentó en proporciones nunca antes vistas en la última década, según indica el medio en su información. El mismo “desorden” también abarca el desabastecimiento de insumos o implementos médicos básicos. Estos faltantes fueron utilizados para justificar la realización de compras urgentes para atender la situación de desabasto. Pero además, como si no fuera suficiente, la información da cuenta que se encontraron 247 expedientes "abandonados" en las oficinas legales de dicha Dirección, con trámites de sanción a empresas proveedoras aún pendientes de resolver, así como la falta de un protocolo para sancionar a proveedores que incumplen plazos de entrega o con calidad de producto.

Como si no se tratase ya de una historia de terror y para colmo en una de las instituciones nacionales más emblemáticas, en otra información del mismo medio el propio día, se consignan las declaraciones de la Gerente interina de Logística, doña Gabriela Murillo quien señala que “Un solo proveedor tiene 15 procedimientos de sanción. ¡Uno solo, 15!”. Para darse cuenta de la magnitud del problema, más allá de sus características, de por sí ya alarmantes, se informa que la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios por parte de la Gerencia de Logística, muestra “errores en el manejo de cerca de ¢180.000 millones anuales (unos $320 millones)”.

Llama poderosamente la atención que siendo este caso en una institución medular de nuestro país, con implicaciones relevantes para la salud de la población, calificada casi que eufemísticamente como “desorden” o “errores” en el manejo del aprovisionamiento de medicamentos e insumos médicos, no haya causado revuelo en sede política alguna y, con excepción del periódico La Nación, que también dedica un oportuno editorial posteriormente, tampoco ha producido noticiabilidad alguna para los medios de comunicación. A todo ello, cualquiera que tenga el más mínimo sentido de responsabilidad ciudadana, se hará la pregunta: ¿Por qué?

Sin intención de hipotetizar o lanzar supuesto alguno, basta con echar un ojo a algunas reacciones – más allá de las obvias y necesarias de molestia genuina por el problema – que se han podido ver, por ejemplo, en redes sociales. No se ocupa un título en comunicación política o análisis político para darse cuenta de que dada la coyuntura actual, el caso reviste de características particulares.

Primero, no es un caso en el que directamente se vea involucrado algún personaje cuyo nombramiento se haga por designio popular. Segundo, no se encuentra nuestro país en un período electoral formalmente. Tercero, hay otros casos mucho más “jugosos” y a los que aún se les puede sacar rédito político o electoral y que pese a su caducidad o ser ya añejos, es menester para aviesas intenciones mantener vivos, para continuar usufructuando de la molestia y enojos ciudadanos.

Resulta absolutamente sospechoso que, al día de hoy y dadas las particularidades del caso, no se tenga una una comisión legislativa para investigarlo o tan siquiera una manifestación desde alguna bancada, una, una al menos, de la Asamblea Legislativa, como sí de manera rauda y veloz han surgido vehementes levantamientos y vociferaciones en casos como un tuit suicida, la contratación de encuestas, las estructuras paralelas en campaña y hasta un expediente sobre un expresidente. Por cierto… caso este último sobre un escándalo de menos de la décima parte del que representa este “desorden” en la Caja. ¿Sospechoso no?

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