Corrupción, desorden y descaro en el Congreso, la Caja y la Corte

— La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una denuncia penal contra el exdiputado de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel; su esposa Xinia Cortés Oporto y su hermana, Uray Esquivel Quesada.

— La institución dijo a los medios de prensa que obtuvo evidencia suficiente que le permitía entablar una acusación por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y colusión en contra de esas tres personas, por acciones contra la ética pública que fueron tomadas en el ejercicio de sus cargos en la Asamblea Legislativa.

— Específicamente, la PEP denunció el hecho de que Esquivel y su hermana, como diputado y jefa de despacho, le exigían a tres de sus asesores parte del salario por haberlos contratado y mantenerlos en el puesto.

— Los tres afectados, Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, denominaban el pago como “el diezmo del diputado” y en su conjunto daban de forma forzosa 575 mil colones mensuales. Sí, suena tan asqueroso como cuando trascendió la noticia.

— La Procuraduría también acusó que el exdiputado contrató a su esposa como asesora, a quien se le pagaba salario con fondos públicos sin que se presentara a trabajar. De acuerdo con los datos de la Asamblea entre junio de 2017 y abril del 2018, Xinia Cortés Oporto ganó 4,8 millones de colones, sin tomar en cuenta salario escolar o aguinaldo. Nada mal.

Dato D+: Ninguno de los denunciados ocupa cargos actualmente en la Asamblea Legislativa.

— Tiempo atrás, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Esquivel por las revelaciones que hicieron sus entonces asesores, a quienes les dijo que estaban despedidos y luego no, por lo que fueron trasladados al despacho de su compañero de partido, Gonzalo Ramírez. Ahora el diputado tiene en su contra dos investigaciones abiertas.

– Si el caso es elevado a juicio y de ser declarado culpable de todos los delitos que señala la PEP, el exdiputado se expone a una pena de cárcel que va de 6 hasta 20 años de cárcel.

— El artículo 45 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422) sanciona con prisión de 3 a 6 años a quien incremente su patrimonio aprovechando ilegítimamente el ejercicio de su función pública, custodia, explotación, uso o administración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier modalidad de gestión, por su cuenta o por interpósita persona, física o jurídica.

— Por otra parte, el artículo 355 del Código Penal (Ley 4573) sanciona con cárcel de 2 a 8 años al funcionario que obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial, abusando de su calidad o de sus funciones.

— En el caso de la asociación ilícita, el artículo 281 de la misma ley sanciona con cárcel de 1 a 6 años a quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de esa asociación...

— Ya veremos en qué para este caso, por lo pronto, resulta más que prudente citar al propio legislador, cuyas palabras ya habíamos rescatado en otra ocasión: “Por estar peleando tanto conmigo recibieron un buen castigo y todavía no aprenden carajo”.

— Frente a la inmediata polémica que estas publicaciones —recordemos la anterior— han desatado es importante recordar que los principales gastos en pluses salariales no están distribuidos equitativamente entre todos los funcionarios de la Corte. Es en los puestos de mayor rango donde se detectan con claridad “ajustes” más que abusivos... insólitos.

Dato D+: El Poder Judicial comunicó el pasado 12 de junio medidas para reducir su gasto en 2018. El recorte anunciado fue de 2.073 millones de colones lo que representa el 0,4% del presupuesto aprobado para el 2018.

— Así, por ejemplo, salta a la vista de inmediato el famoso sobresueldo por magistratura. Estamos hablando de un “bono” de alrededor de 800.000 colones que se le paga a los 22 magistrados de la República por... ser magistrados.

— Otra forma de poner en perspectiva el privilegio de los altos jueces es jugando con los números del índice de competitividad salarial, que se aplica a todos los salarios del Poder Judicial y que oscila entre el 11 y el 22.75%. Los magistrados, naturalmente, reciben el porcentaje de beneficio más alto. Así las cosas el presidente de la Corte Suprema (el salario base más alto del Poder Judicial) recibe por este sobresueldo 616.934,5 colones mensuales, mientras que para el puesto de salario base más bajo —auxiliar de servicios generales 1— este plus salarial se traduce en 47.545 colones mensuales.

— Por otro lado, como ya habíamos mencionado en el Reporte del 8 de junio, uno de los más cuestionados pluses salariales del Poder Judicial es el del índice gerencial, el cual los magistrados se autoasignaron en 2008 y 2010, y con el cual aumentaron sus salarios (y el de otros 24 funcionarios de rango gerencial) de manera más que grosera. Por eso no es de extrañar que en 2016 La Nación reportara que 42 de los más de 12.000 funcionarios del Poder Judicial reciben un salario por encima de los 5,2 millones de colones (en aquel entonces el promedio de esos salarios era de 7,3 millones).

— Ojo porque el efecto #HayTruco del que ya les hemos hablado antes —pero aprovechamos para retomar— es que la Sala Constitucional tiene todavía pendiente la resolución de una acción de inconstitucionalidad interpuesta precisamente contra ese aumento. El tango que han bailado los magistrados desde que les cayó el salacuartazo no tiene nombre, aquello ha sido un inconcebible desaguisado jurídico para eterno estudio en las facultades de derecho: los titulares no querían conocer la acción porque la norma en cuestión les beneficiaba, los suplentes tampoco por los mismos motivos y bueno, entre aquel estira y encoge y los tiempos de la Sala —que a veces son como los tiempos de Dios de Justo— aquí estamos todavía esperando un fallo (cualquier parecido con matrimonio igualitario...).

— En fin, la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta en abril del año pasado por los jueces Silvia Elena Arce Meneses y Armando Enrique Elizondo Almeida (¡valientes!) y aparecen como coadyudantes los entonces diputados Ottón Solís, Patricia Mora, Edgardo Araya y Natalia Díaz a quienes les damos el copa en alto de la jornada porque a la luz del Congreso actual leer sus nombres en este tipo de gestas nos provoca lo insólito: extrañar la Asamblea Legislativa 2014-2018.

— ¿Saben qué es lo más pintorescto de todo esto? Que los propios magistrados de la Sala Constitucional tienen que tomar una decisión que va en contra de sus intereses y es a todas luces evidente que les está costando. Les doy un ejemplo: Ernesto Jinesta (expresidente de la Sala IV) se pensionó semanas atrás (se acuerdan de que fue todo un tema porque diay, Poder Judicial, el hombre a los 53 ya para afuera y ustedes viéndola color de hormiga pensando en bretear mínimo hasta los 70) y esa cesantía suya —en caso de que aplique— no se va a calcular sobre el monto que correspondería si la acción se acogiera, nope: aplica el combo a-lo-grande. Entonces, por ejemplo, si un magistrado gana hoy día 8 millones su cesantía es de 96, monto que se reduciría fácil fácil a la mitad si prospera la acción anti índice gerencial. ¿Me explico?

— ¡Y mejor no les hablo de las pensiones! Porque todos los que quedaron cobijados por el transitorio de la reforma a las pensiones judiciales tienen derecho a jubilarse con el ciento por ciento del promedio de los últimos 24 salarios hasta el mes de noviembre del 2019.  Si esas pensiones se calculan sobre el salario que incluye el índice gerencial pues... ya pueden ir haciendo ustedes los números.

— Entonces vuelvo y repito lo que ya he dicho antes: es interesante que los magistrados estén cuidando las finanzas del Estado —¡y se los agradecemos!— señalando los abusos y privilegios insostenibles que se han ido encontrando en distintas convenciones colectivas pero a la vez tengan tanto problema en aceptar que el autoaumento que se aplicaron (me pregunto si no habrá algo que revisar en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública) es a todas luces desproporcionado. Ahora que el nuevo Gobierno está promoviendo tanto la austeridad... sería un magnífico aporte para el país que dejáramos (todos nosotros) de pagar este desafortunado plus... no por nada la nueva ministra ha dicho que los pluses salariales solo deberían crearse por ley. Y vaya que estamos de acuerdo con ella.