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Los puntos expuestos en la primera y segunda parte de esta serie de artículos, me llevan a abogar y hacer un llamado por el uso del marco de la justicia reproductiva como una herramienta en consiguientes espacios para el debate de los derechos sexuales y reproductivos.

La justicia reproductiva va más allá de las premisas del feminismo liberal y del derecho a decidir. La justicia reproductiva centraliza los conceptos de justicia social impulsados por autores tales como Nancy Fraser y Amartya Sen— aplicados al campo de los derechos sexuales y reproductivos. En corto, la justicia reproductiva enfrenta los factores estructurales que empujan las injusticias sufridas por mujeres, y que amenazan la agencia y niegan su integridad.

¿Qué implica la justicia reproductiva para el debate sobre el aborto y cómo difiere del marco pro-elección? Aunque el aborto legal y seguro es reconocido como un medio importante y un componente para lograr la justicia reproductiva, pero no es central en el discurso de la justicia reproductiva, ya que esta busca mantener los abortos a un mínimo. El enfoque más bien pasa al contexto social, político e interpersonal sobre por qué una mujer podría necesitar un aborto, teniendo en cuenta que los abortos son siempre el resultado de un embarazo no deseado.

El marco de justicia reproductiva busca desenmascarar y disputar las situaciones injustas que llevaron a un embarazo no deseado y el contexto injusto que impone la incapacidad de una mujer para hacer frente a la maternidad y crianza. Al hacerlo, la justicia reproductiva persigue desentrañar y confrontar las relaciones desiguales de poder estructural detrás de un embarazo no deseado o no planificado; el hecho de que una mujer no puede hacer frente al embarazo y al niño a venir y la falta de disponibilidad de aborto seguro y legal.

En Costa Rica, aunque se pueda ver como un país de gran igualdad de género comparado con otros, según el Ministerio de Salud, se estima que el 47% de todos los embarazos son no deseados. Lo que oculta esta asombrosa cantidad de embarazos no deseados es la desproporcionada dinámica de poder de la sociedad costarricense.

Tomemos, por ejemplo, las inequidades en el nivel educativo, factor que se ha relacionado claramente con la capacidad de la mujer para prevenir un embarazo no deseado. Las inequidades en los logros educativos y su relación con embarazos no deseados se vuelven obvias al comparar mujeres que viven en pobreza extrema, mujeres indígenas o mujeres geográficamente marginadas que tienen tasas de embarazos no deseados considerablemente más altas que las mujeres de clase económica más alta, que viven en un centro urbano o que no pertenecen a una minoría étnica.A partir de este simple ejemplo, es relativamente fácil concluir que las capacidades de una mujer dependen de muchas variables como clase, origen étnico y ubicación geográfica, etc.

Al igual que con el nivel educativo, se podría seguir el mismo análisis al explorar otros factores determinantes que causan embarazos no deseados como: el acceso a anticonceptivos seguros, confiables y asequibles; acceso a la educación sexual integral; la vulnerabilidad al abuso sexual dentro o fuera del hogar y el estado económico.

Por su parte los factores que llevan a una mujer a ser incapaz de sobrellevar un embarazo pueden ser deconstruidos de la misma forma, y se pueden incluir: la falta de apoyo social; la falta de estabilidad económica; la falta de acceso a servicios adecuados de cuidado infantil o de salud para la madre y el niño entre muchos otros. Por último, se podrían tomar los mismos pasos para desvelar las razones de la falta de disponibilidad moral y legal del aborto seguro.

Así, la justicia reproductiva en primera instancia deconstruye las diferentes realidades y las causas de la opresión reproductiva. A su vez, la justicia reproductiva es en sí emancipadora, y por lo tanto acelera los cambios fundamentales sobre las causas estructurales de la injusticia para alcanzar un lugar donde el destino reproductivo de la mujer no esté encadenado a factores externos, sino dominado por sus propias capacidades completamente reconocidas.

Al ubicar el aborto en el contexto de la justicia reproductiva, los defensores del movimiento pro-elección incluso podrían realizar luchas comunes compartidas con el movimiento pro-vida, como mejores condiciones de maternidad, mejor cuidado de los niños o mantener los abortos al mínimo. Lo que los defensores pro-vida deben darse cuenta es que cuando se trata de mantener los abortos a un mínimo, las prohibiciones legales y las leyes de criminalización son inútiles. Como afirma Álvarez: "Si una mujer está lo suficientemente desesperada como para procurarse un aborto porque siente que es completamente incapaz o no está dispuesta a cuidar de un niño, encontrará los medios para hacerlo a cualquier costo".

Esto es lamentablemente cierto en Costa Rica, donde según un estudio de la Asociación Demográfica Costarricense, se calcula que anualmente hay alrededor de 27,000 abortos clandestinos e inseguros.

Vale la pena señalar que el marco de justicia reproductiva no tiene una fórmula mágica para desmantelar los factores estructurales de la injusticia reproductiva. Su marco se basa en conceptos teóricos de praxis e interseccionalidad, y como tal es altamente dependiente de cada realidad (individual, comunal, nacional).

No es el objetivo de esta serie de artículos proporcionar argumentos retóricos para oponerse a los factores estructurales que actualmente niegan la justicia reproductiva a las mujeres, ya que tendrán que construirse en conjunto una vez que se realicen. Lo que busca es presentar la posible utilidad del marco de justicia reproductiva con la esperanza de construir estas herramientas para el debate que se avecina.

Las mujeres no necesitan un aborto legal y seguro para proteger su derecho a la privacidad o su derecho a no ser objeto de intromisiones injustas del Estado, sino como parte de su derecho a vivir en una sociedad justa e igualitaria y su derecho al bienestar. Esto no se puede lograr sin confrontar primero las desigualdades sistémicas enraizadas mientras se logra la emancipación de la opresión estructural, lucha que va de la mano como parte de una visión más amplia de un enfoque de justicia social que condena los problemas sociales, religiosos, económicos, políticos y judiciales.

Cualquier resultado intermedio y cualquier intento de aspirar a menos, no solo no logrará justicia para las mujeres, sino que eventualmente perpetuará las desigualdades hegemónicas en la sociedad. Durante demasiados años se ha negado a las mujeres de Costa Rica el reconocimiento de su pleno potencial, y como se prevé una oportunidad en el ambiente político actual, los defensores de los derechos de todas las partes deben reconocer juntos el camino hacia la realización completa de las mujeres.