El Poder Judicial, junto con varios entes patrocinadores, anuncia para el 6 de junio próximo la celebración de un seminario que denomina Experiencias Internacionales en la Definición de Perfiles y Procedimientos para Seleccionar a los Integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Este Seminario fue organizado, según dice la invitación que recibí ayer, “en apoyo al proyecto de reformas urgentes al poder judicial” y se va a desarrollar en la forma de tres paneles de discusión sobre los siguientes temas: 1.- Modelos de organización y gestión en la historia del Poder Judicial. 2.- Aspectos positivos y negativos del modelo actual de nombramiento de magistrados de la Corte. 3.- Experiencias internacionales en la selección de integrantes de altas cortes.
La lectura de la invitación me dice que los organizadores del Seminario no quieren entrar al fondo del problema: faltan allí interlocutores conocidamente críticos (pienso en Rosaura Chinchilla, en Omar Vargas, en Francisco Dall’Anese); en el panel de las experiencias internacionales se incluye algunos sistemas irrelevantes, o poco creíbles, y se excluye el examen de la experiencia más fecunda del último medio siglo, que es el sistema implementado en Italia, Francia y España, que hoy está adoptando otra media docena de países europeos. ¿Queremos seguir disimulando la extrema gravedad de la situación por la que está atravesando nuestra Justicia?
Pienso, al contrario, que no es el momento de ocultar que desde hace algunos años vienen apareciendo señales de que algo muy negativo ha estado fraguándose en varios de los estratos superiores en que se ubica la gestión pública de la Justicia. Para citar los principales: en el estrato de los nombramientos de magistrados de la Corte por parte de la Asamblea Legislativa; y en el de la gestión del Sistema Judicial por parte de la propia Corte, en su condición de jerarca supremo.
Consecuencias negativas del papel de la Asamblea Legislativa en la esfera Judicial
La enorme influencia de las cúpulas políticas en las decisiones de la Corte es un secreto a gritos, desde la anécdota narrada por Guido Sáenz (2004). En el año 2008 la Corte se niega a abrir investigación sobre los varios sorteos en que es elegido consecutivamente (?) en la Sala Cuarta un magistrado suplente que era asesor del Gobierno Arias (propulsor del TLC), para que participara en las resoluciones de la Sala sobre las leyes complementarias de dicho Tratado. La frecuente confraternización entre diputados, magistrados y otros altos funcionarios, el lobby de algunos magistrados en la Asamblea y el frecuente nombramiento de ex-asesores parlamentarios como letrados de la Corte, coinciden con la desestimación de varias causas penales contra miembros y ex-miembros de los Supremos Poderes. La Sala Tercera está seriamente cuestionada y uno de sus ex-magistrados tiene varias causas por tráfico de influencias.
Abusos y desaciertos en el desempeño de la Corte
Como tendencia general, hemos notado el paulatino desplazamiento de las funciones jurisdiccionales del magistrado por tareas administrativas. En el 2008 la Corte aprueba el “aumento de salario de Alta Gerencia” y, con criterio muy discutible, se incluye como beneficiaria de dicho régimen. La administración del fondo de pensiones y jubilaciones a cargo de la Corte contabiliza graves desaciertos: jueces pensionados como magistrados por haber servido en los últimos meses en la Corte; pago de dobles prestaciones; auxiliares pensionados como jueces, sin haber cotizado; aumento del tope de cesantía en beneficio de la propia Corte. Adopción de la abusiva e incorrecta práctica de ‘clonación’ de plazas. Como cierre, ya en el año 2009, el Informe del Estado de la Nación revelaba que los rendimientos de los jueces fueron decrecientes, pese al importante aumento de la inversión en el mismo período; lo cual ha sido interpretado como el resultado del descontento y de una pérdida de mística que habrían invadido los estratos bajos y medios de la Judicatura.
Ante este panorama, creo que un seminario comprometido sinceramente con el propósito de explorar y ponderar soluciones adecuadas a la gravedad de las cosas, tiene que ser descarnadamente autocrítico de parte de la Corte, y estar abierto, aunque duela, aún a la discusión de aquellos modelos que alejan convenientemente a la Asamblea Legislativa del mundo Judicial, y que devuelven a los magistrados a sus tareas jurisdiccionales.
No asistiré al seminario al que he sido tan gentilmente invitado, pero continuaré insistiendo para que nuestra Corte Suprema de Justicia y nuestra Asamblea Legislativa abandonen el camino de las ‘reformas urgentes’ ilusorias y cosméticas, y afronten con responsabilidad y civismo su deber de encontrar un modelo que rompa el pasado deleznable al cual han permanecido aferradas; que garantice la independencia y la dignidad de los jueces de todo rango, y propicie el desarrollo de una cultura judicial garantista de los derechos de todos.
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