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Jueves de investigaciones y polémicas votaciones

El final de la semana legislativa estuvo marcado por la apertura de investigaciones en la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público, la instalación de otros órganos parlamentarios y la aprobación en el Plenario de un proyecto de Ley que, según un análisis jurídico hecho por el asesor legal de los congresistas, está plagado de violaciones a principios constitucionales; así como otro de relevancia para la lucha contra la criminalidad.

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Los diputados integrantes de la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron abrir cuatro investigaciones para esclarecer los hechos en torno a cuatro polémicas que han tomado la agenda noticiosa del país en las últimas semanas.

Se trata del proceso que llevó al pago de más de 200 millones al nadador Jonathan Mauri tras ganar una demanda al Estado, el supuesto tráfico de influencias en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) tanto por parte de su presidente, Mario Alfaro, como de la ministra de Cultura, Sylvie Durán; la construcción de una millonaria soda en el Ministerio de Agricultura y Ganadería; y finalmente el supuesto pago de salarios a 900 educadores fallecidos por parte del Ministerio de Educación.

Todas esas investigaciones fueron abiertas en el primer día de sesión de ese órgano legislativo. La primer audiencia tendrá lugar el lunes próximo en horas de la mañana, cuando Mario Alfaro acuda a ser interrogado y dar cuentas sobre los señalamientos en su contra.

Cabe resaltar que fue el propio presidente del Sinart el que pidió a los diputados que lo convocaran para contar su lado de la historia.

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La Presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo terminó de instalar las comisiones permanentes especiales este jueves.

Liberación Nacional se dejó las presidencias de las comisiones de Relaciones Internacionales; Ciencia, Tecnología y Educación; y la de Seguridad y Narcotráfico.

Restauración Nacional asumirá la dirección de Turismo, Acción Ciudadana la comisión de Redacción y el PUSC presidirá las comisiones de Ambiente, y Discapacidad y Adulto Mayor.

Siempre en comisiones, el órgano de Seguridad y Narcotráfico aprobó una moción para que el ministro de Seguridad, Michael Soto, comparezca para exponer los planes de combate a la criminalidad.

Como detalle "jocoso" debemos señalar que el PLN comunicó que la audiencia se dará a raíz de una moción del diputado Roberto Thompson, sin embargo, el propio Ministerio de Seguridad desmintió "sutilmente" eso, al recordar que desde el 9 de mayo solicitó ser recibido ante esa comisión. 

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El Plenario aprobó dos proyectos de ley en su trámite de primer debate, ambos de gran relevancia.

El expediente 19.932 que reforma la Ley General de Telecomunicaciones para establecer que la señal celular estará bloqueada en todo centro penitenciario costarricense fue aprobada por 50 diputados y sin oposiciones.

Dato D+: Los siete diputados ausentes son: Silvia Hernández (2), Ana Lucía Delgado (40), Dragos Dolanescu Valenciano (30), María Vita Monge (13), María Inés Solís (28), Giovanni Gomez Obando (55) y Carmen Chan Mora (48).

La iniciativa establece que las operadoras de telefonía celular tendrán un plazo de 9 meses para realizar las gestiones necesarias para que la señal celular quede bloqueada en los centros penitenciarios, y que deberán tomar las medidas pertinentes para que ese bloqueo no afecte a los vecinos (residenciales o comerciales) de las cárceles.

Esta reforma fue impulsada desde la administración anterior y ha sido catalogada como de gran necesidad, dado que según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, entre el 2014 y el 2016 se cometieron 1285 delitos desde las cárceles del país.

Ahora sí. Corresponde hablar del otro proyecto aprobado, el que señalamos al inicio que está plagado de violaciones legales y constitucionales, según alertó el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso (ente que funge como asesor legal de los congresistas).

Se trata del proyecto 20.737 "Ley de protección a los ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales" , que suspenderá durante 36 meses los desalojos de personas que residan en la Zona Marítimo Terrestre, en la Milla Fronteriza o en Patrimonio Natural del Estado.

La iniciativa fue aprobada por 48 diputados, no tuvo la oposición de ninguno, por lo que hubo 9 ausentes.

Dato D+: Los nueve diputados ausentes son: Silvia Hernández (2), Ana Lucía Delgado (40), Dragos Dolanescu Valenciano (30), María Vita Monge (13), Pedro Muñoz Fonseca (14), Giovanni Gomez Obando (55), Carmen Chan Mora (48), Carlos Avendaño (5) y Welmer Ramos (38).

El proyecto es otra de las varias "moratorias a los desalojos" que la Asamblea ha aprobado en los últimos años, algunas convenientemente en periodos electorales, dada la negativa de emitir una solución definitiva a los pobladores de esas zonas.

Según los registros, la iniciativa fue dispensada de todo trámite. Ello quiere decir que no fue enviado a una comisión legislativa y no se envió a consultar a las instituciones cuya solicitud de opinión era obligatoria.

El Departamento de Servicios Técnicos alertó el 16 de mayo anterior, mediante el informe AL-DEST-IJU-204-2018, que este proyecto debía consultarse de forma obligatoria ante la Corte Suprema de Justicia, Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y las Municipalidades.

Al analizar el texto por el fondo, la asesoría legal encontró que el proyecto incurre en las siguientes violaciones a principios legales y constitucionales:

  • Interdicción de la arbitrariedad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
  • Tutela efectiva de los bienes demaniales y su correlativa potestad reivindicatoria.
  • Imprescriptibilidad de los bienes de dominio público.
  • Protección ambiental, pro natura y precautorio en materia de derecho ambiental, los cuales se exigen de parte de la Administración Pública ante un eventual daño ambiental.
  • No regresión y progresividad en materia ambiental
  • Separación de poderes.

Además, el informe afirma que el proyecto trasgrede los artículos 1 y 9 de la Constitución Política que resguardan el principio de separación de poderes; artículo 11 que establece el principio de legalidad; artículo 21 que consagra el derecho a la vida, artículo 50 que reconoce el derecho al ambiente sano y equilibrado, artículo 69 que establece el deber estatal de utilizar racionalmente los recursos naturales; artículo 89 que establece como fines naturales de la República la protección y conservación de las belleza y artículo 121 inciso 14) que regula lo referente a la enajenación o la aplicación de usos públicos de los bienes propios de la Nación.

"El proyecto de ley en estudio podría ser inconstitucional por contener vicios de forma y vicios de fondo por violación al artículo 50, de la Constitución Política, y a los principios precautorio y de no regresividad en materia de protección ambiental, así como a los de objetivación, razonabilidad y proporcionalidad constitucionales, toda vez que no se sustenta en estudios técnicos, vicio que es de carácter esencial del procedimiento legislativo. En cuanto a los vicios de fondo, el proyecto de Ley también es inconstitucional por ser contrario a los Principios Constitucionales de Seguridad y Soberanía", dice el criterio legal.

Ese informe agrega que el 18 de noviembre de 2014, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que señala que un proyecto de este tipo anteriormente aprobado, es violatorio de la Carta Fundamental, específicamente a los principios constitucionales de Seguridad y Soberanía.

"La Zona Fronteriza revierte un especial interés público y estratégico para la defensa nacional y el efectivo ejercicio de la soberanía, con lo cual permitir que se continúen situaciones que precisamente han sido objeto desalojo de personas, demolición de obras, actividades y proyectos, porque afectan la zona fronteriza, resulta contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales", concluye el informe jurídico.

Como suele ocurrir con la mayoría de los informes de Servicios Técnicos, los diputados simplemente lo ignoraron y aprobaron la iniciativa en primer debate.

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Ya puede consultar en nuestra plataforma #Asamblea los siguientes proyectos presentados por los nuevos diputados: