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Recientemente se dio a conocer el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, en el cual se realiza un análisis serio de nuestra situación económica y social. El estudio da resultados favorables, al considerar que nuestro país ha logrado un importante bienestar y un vigoroso crecimiento económico. El acceso casi universal a la educación, la atención médica y las pensiones han contribuido a que existan altos niveles de satisfacción con la vida. La pobreza, la desigualdad de ingresos y las desigualdades de género son bajas con respecto a los estándares latinoamericanos, aunque altas en comparación con las de los países de la OCDE.

Pero también, apunta la OCDE, existen deficiencias en algunos indicadores de bienestar, como el equilibrio entre el trabajo y la vida, la seguridad y los ingresos. Adicionalmente las regulaciones anticompetitivas y la alta segmentación del mercado laboral obstaculizan la materialización plena de oportunidades para lograr que el crecimiento sea más inclusivo. El crecimiento del empleo también está estancado y el desempleo continúa por encima de los niveles previos a la crisis, golpeando principalmente a la juventud y a quienes están poco calificados.

El estudio, una vez más, nos alerta de la necesidad de contar con un equilibrio fiscal, llamando la atención en cuanto al gasto. Dice la OCDE que el gasto en salarios del sector público de Costa Rica, como porcentaje de los ingresos tributarios, es más alto que en la mayoría de los países de la OCDE, aunque su participación en el empleo público es una de las más bajas, y los salarios del sector público representan una gran parte del gasto público total. Además de crear distorsiones en el mercado laboral y reducir la movilidad de los empleados, los aumentos en el gasto salarial del sector público también han contribuido a los recientes aumentos de la desigualdad social.

Por ello, el artículo publicado por el señor Romain Fantin, no debe pasar sin ser debatido. Un organismo internacional, imparcial y con credibilidad absoluta nos viene a confirmar lo que ya era sabido pero negado por los grupos sindicales: el gasto en salarios públicos es un elemento determinante en la crisis fiscal, así como también en el crecimiento de la desigualdad. Es decir, el aumento del gasto público no ha ido acompañado de un aumento en la calidad del gasto ni de una mayor contribución al crecimiento económico y la equidad.

Las altas remuneraciones de un grupo de empleados públicos resultan de la combinación de numerosos incentivos complementarios que varían de un empleado a otro, así como de una multiplicidad de convenciones colectivas interrelacionadas y leyes que vinculan los aumentos salariales de un grupo a otro.

Este tema es prioritario y debe ser atacado con seriedad, objetividad, tecnicidad y valentía. Sin bien no podemos llamar a engaño y creer que es el único tema responsable de la crisis, sí existe y debe discutirse y corregirse. Los proyectos fiscales presentados por la administración Solís Rivera, contrario a lo señalado por Roman Fantin, representan una reforma en cuanto a ingresos, es decir, más impuestos, y contemplaban poquísimo en cuanto al desorden y privilegios del sector público, aún y cuando dice la OCDE que “Por el lado del gasto, mejorar la eficiencia del gasto, reduciendo la alta fragmentación del sector público y la asignación obligatoria de fondos con fines específicos, y controlar mejor los costos asociados con las remuneraciones del sector público produciría resultados duraderos”.

Discutir sobre privilegios o eficiencia sobre el sector público no es limitarlo, es llevarlo a nuestra realidad como país y sociedad. No podemos hablar de equidad y solidaridad cuando un magistrado se retira con 52 años y una pensión de varios millones de colones (por la que no cotizó lo suficiente), mientras un trabajador común debe pasar por lo menos 40 años cotizando por una pensión que tendrá un tope que en muchos casos es menor al aporte realizado.

Y ni hablemos de solidaridad o equidad cuando el régimen no contributivo, el cual nace para atender la población más vulnerable que llega a la tercera edad sin haber cotizado, no llega ni a cien mil colones. No hablemos de equidad cuando las anualidades crecen al doble de la inflación o tres veces el aumento decretado para el sector privado.

Señala la misma OCDE en su informe, que es necesario adoptar un paquete de reforma fiscal integral que permita estabilizar la relación de deuda a PIB. Si existe un amplio margen para recaudar ingresos adicionales ampliando la base tributaria y continuando en la lucha contra la evasión fiscal. Sin embargo, el aumento de los ingresos fiscales no ayudará a contener el déficit, a menos que se restrinja la marcada asignación de recursos con destinos específicos.

Dice también la OCDE, y olvidó leer Fantín, que a pesar del alto gasto en educación, los resultados son deficientes. Con un 7,9% del PIB, el gasto en educación es más alto que en todos los países de la OCDE, pero es ineficiente tanto con relación al proceso de aprendizaje como en términos de reducción de la desigualdad.

Por otro lado, dice también la OCDE, que las regulaciones del mercado de productos son rigurosas; además, existen obstáculos importantes al emprendedurismo, amplias exenciones antimonopolio y un alto control estatal en muchos sectores.

Nuestro país se encuentra en una encrucijada, donde todos debemos aportar. Lo menos que podemos hacer es llenar el debate con tergiversaciones que validen a un grupo u otro pasar por alto su deber con la patria.

Debemos trabajar en educar en solidaridad fiscal, dado que el porcentaje de evasión es amplio también, todos tenemos que contribuir país acorde con nuestra capacidad económica, pero eso no implica que no se deban corregir abusos y groserías en lado del gasto.

La crisis fiscal necesita ser atacada desde las dos perspectivas: gasto e ingreso. Pero difícilmente logremos hacer llamados a la conciencia cuando lo que se paga, no repercute en mejores servicios o en atención solidaria a las clases menos favorecidas.