Como pudieron leer en el Reporte Delfino de hoy, la sesión del martes en el Plenario arrancó de forma atropellada porque tres legisladores -señalados por faltas éticas en sus funciones- cuestionaron a Gonzalo Ramírez por distribuir copia de los informes de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) al resto de legisladores.
Lo cierto es que ahora es cuestión de tiempo para que los jefes de fracción se reúnan y acuerden los pasos a seguir sobre esos informes (muy probablemente sea el archivo). Cabe advertir que ya varios han dicho que la sesión en la que se conocerá ese asunto deberá ser secreta, sin presencia de medios o ciudadanía en las barras.
Recordatorio amistoso al Congreso: A raíz del voto 2010-13437 de la Sala Constitucional, el Congreso tiene prohibido simplemente realizar sesiones secretas. Para hacerlas requiere que al menos 38 diputados así lo aprueben en el Plenario, pues de lo contrario, no solo violentarán los principios de publicidad y transparencia frente a la ciudadanía, sino que también estarían desobedeciendo un mandato del máximo tribunal de la República.
Antes de pasar a otros temas de la sesión del Pleno es necesario preguntarse ¿por qué brincaron los diputados por la divulgación de esos informes? Todos sabemos que los informes de la PEP no son vinculantes, en pocos días dejarán sus curules y la reforma para destituir a un diputado que falte a la probidad no entrará en vigencia ni aplicará para los actuales legisladores, pues -como ellos se supone saben- las leyes no son retroactivas.
Claramente es un secreto a voces que, a pesar de que esos informes no tienen mayores efectos, sí constituyen una sombra que perseguirá por el resto de sus carreras políticas a los señalados por faltar a los deberes que le encomienda la legislación nacional e internacional en materia de probidad.
Tres intervenciones desafortunadas
Mención especial merece en este reporte una intervención hecha en el Plenario por el diputado puntarenense de Liberación Nacional, Olivier Jiménez, quien llamó "despilfarro sinsentido" la inversión del Estado en educación pública y la responsabilizó de la situación fiscal apremiante que atraviesa la nación, así como de la imposibilidad de poder destinar más recursos en salud, seguridad y otras áreas.
Para emitir esa "conclusión", el legislador afirmó que la inversión vs. resultado no es positiva, pues poco menos del 20% de quienes cursaron el primer año de escuela, se gradúan de sexto grado; que existen falencias en infraestructura educativa y capacitación de profesores, entre otros.
No diputado. Si bien es cierto existen faltantes en infraestructura e inclusión educativa a nivel nacional, eso se resuelve con redistribución de recursos, no con recortes.
Recordatorio amistoso: Fue la Asamblea Legislativa la que instauró la obligación de que el Estado invierta 8% del PIB en educación, sin fijar una fuente de financiamiento y sin atar el otorgamiento de esos recursos al cumplimiento de objetivos y metas.
Por su parte, el ex-frenteamplista Carlos Hernández (también de Puntarenas) dijo durante la sesión que él no cree en los reportes de prensa que señalan a la actual Asamblea Legislativa como mala en su gestión.
Desgraciadamente los datos contradicen al diputado: a Luis Guillermo Solís le tocó gobernar con el Congreso más ineficiente de la historia reciente de Costa Rica.
La mención final va para el limonense y socialcristiano, Luis Vásquez Castro, quien harto de ver el sabotaje que Gerardo Vargas del Frente Amplio ha hecho a un proyecto para otorgar un terreno a la Fundación Andrea Jiménez (una organización privada sin fines de lucro que ayuda a más de 100 personas con discapacidad de todas las edades), canalizó su enojo llamando al controvertido diputado de izquierda como "maceta". Sí. maceta, porque según Castro, su compañero de provincia no sirve ni para agarrar agua para la planta (ver vídeo)
https://youtu.be/A7OFhFlafFY
Proyectos aprobados
Cuatro proyectos de Ley lograron ser aprobados este martes, tres de ellos en su trámite de primer debate, por lo que podrán discutirse y votarse en el segundo este jueves. Este es el detalle y el registro de votación de cada uno:
Expediente 20.302: Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal

Este proyecto establece que la competencia de las policías municipales será dentro del territorio del cantón correspondiente, estará bajo el mando del respectivo Alcalde y funcionará como auxiliar de la Fuerza Pública.
Deberá atender y cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales, velar por el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas. Además de coadyuvar en el cumplimento de la legislación y disposiciones municipales, ejecutando las resoluciones y acuerdos que correspondan y realizar acciones de vigilancia y de seguridad en el cantón, en coordinación mutua con la Fuerza Pública.
La propuesta establece que la policía municipal de cada cantón solamente podrá utilizar armas de fuego semiautomáticas. Finalmente, dicta que las armas de fuego propiedad de las municipalidades deben inscribirse en el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública conforme a las leyes y reglamentos vigentes que regulan la materia.
Expediente 20.539: Reforma a la Ley del Sistema de Emergencias 9-1-1 para fortalecerlo económicamente

El proyecto establece que el Sistema 9-1-1 se financiará con un impuesto del 0,75% sobre la facturación mensual de los ingresos totales por servicios de telecomunicaciones disponibles al público, así como el desarrollo y mejoramiento de las comunicaciones con las instituciones adscritas al Sistema.
Además, establece que los proveedores de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, en su condición de agente de percepción de esta tasa tributaria, incluirán en la facturación mensual de todos sus abonados y usuarios el monto correspondiente.
Finalmente, dicta que deberán poner a disposición de la administración el Sistema de Emergencias 9-1-1 los fondos facturados a más tardar un mes posterior al periodo de recaudación, mediante la presentación de una declaración jurada del periodo fiscal mensual.
Expediente 20.131: Ley de Fortalecimiento de la lucha contra la Trata de Personas

La iniciativa reforma los artículos 172 y 189 bis del Código Penal y los artículos 5 y 6 de la Ley contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) No. 9.095, con el fin de armonizarlos con la jurisprudencia internacional en la materia, especialmente con la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como “Convención de Palermo”.
Además, establece que será sancionado con pena de prisión de seis a diez años quien mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, “recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, mendicidad forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual”.
Expediente 19.971: Ley para desafectar del uso público la Calle 5, entre avenidas 7 y 9 del Distrito 1 del cantón Central de Alajuela

El propósito del proyecto, que tiene la oposición del alcalde (y futuro diputado) de Alajuela, consiste en otorgar la calle que divide las instalaciones físicas del Instituto de Alajuela a ese centro educativo.
El Plenario tiene sesión la mañana de este miércoles para empezar a tramitar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hoy cada diputado que presentó mociones en la Comisión Especial puede reiterarlas.









