El proyecto busca garantizar por ley que las capitulaciones matrimoniales y las de uniones de hecho puedan inscribirse cualquiera que sea el régimen patrimonial pactado, incluida la separación de bienes; impedir que el Registro las rechace por ese motivo; y reparar los efectos del criterio aplicado desde agosto de 2023 mediante la reinscripción gratuita de los documentos rechazados, con efectos desde la fecha original de la escritura y protección para los derechos adquiridos por terceros de buena fe.