El proyecto crea una Fiscalía especializada en delitos contra el bienestar animal, con el fin de fortalecer la investigación penal, la coordinación interinstitucional y la atención oportuna de las denuncias, crea el Registro Nacional de Personas Inhabilitadas para la Tenencia de Animales, administrado por SENASA, para identificar a quienes, mediante sentencia firme o resolución administrativa, han sido sancionados con la prohibición de poseer, custodiar o comercializar animales, garantizando que dichas personas no reincidan en la tenencia irresponsable. Establece la obligación del Estado y las municipalidades de implementar programas de esterilización masiva, estrategias de control de la población animal en condición de abandono y programas de adopción y tenencia responsable. Igualmente, se promueve la educación ciudadana en tenencia responsable y el acceso a servicios veterinarios mediante programas de atención pública y servicios móviles en zonas rurales.