El proyecto pretende establecer un régimen jurídico especial y de administración que permita desafectar y compensar al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, las áreas correspondientes a centros poblados que el Instituto de Desarrollo Rural determine como áreas concesionables a partir de los estudios geomorfológicos, ecológicos y socioeconómicos atinentes, que permita promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad bajo el enfoque ecosistémico, regular usos y ocupación de este territorio, promover la participación activa de las comunidades y pobladores que habitan dentro del Refugio y establecer los mecanismos de administración y coordinación interinstitucional para su adecuada gestión. Esta iniciativa tiene como antecedente el expediente 24.718.