El presente proyecto de ley responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de control estatal sobre la adquisición, tenencia, almacenamiento, transporte, comercialización y uso de explosivos, mediante la incorporación de principios de trazabilidad integral, fiscalización tecnológica, responsabilidad objetiva y fortalecimiento de las potestades regulatorias del Estado. La reforma también procura cerrar vacíos normativos existentes respecto a instituciones públicas que, por razón de sus funciones, utilizan materiales explosivos o sustancias precursoras. Por ende, resulta indispensable que toda institución pública esté igualmente sometida a estándares rigurosos de inventario, trazabilidad, control técnico y responsabilidad administrativa.