El proyecto aumenta las sanciones por minería ilegal a una pena de cuatro a ocho años de prisión, la misma pena se aplicará a quien organice, dirija o financie la ejecución de tales actividades, así como a quién participe del procesamiento, refinación o transformación, transporte o almacenamiento, comercialización o intermediación o exportación o tentativa de exportación de productos materiales mineros como la mena, minerales y metales, en cualquier estado, y si la persona tiene conocimiento del origen ilícito y con ánimo de lucro, la pena será de cinco a diez años de prisión. Aumenta la pena de cinco a diez años de prisión quien utilice, transporte, posea o suministre mercurio, cianuro u otras sustancias químicas peligrosas con el propósito de emplearlas en actividades de minería ilegal. La misma pena se impondrá a quien intente introducir, introduzca o distribuya en el territorio nacional dichas sustancias para el uso de minería ilegal. Adicionalmente, establece agravantes que aumentan en un tercio adicional las penas.