El proyecto reduce la sanción del apoderamiento ilegal de combustibles, pero incluye la modalidad de criminalidad organizada, con penas más altas y actividades conexas al apoderamiento ilegal de combustibles con grados de sanciones dependiendo de la actividad. La iniciativa de ley fue solicitada por el Alejandro Hernández Porras, quien fue parte del equipo de trabajo conjunto con el Despacho.