El proyecto de ley tiene pretende proteger a la persona funcionaria pública en el ejercicio de su independencia técnica, garantizando que no sean marginadas, relegadas o despojadas de sus funciones por emitir criterios técnicos que no resulten convenientes a las autoridades superiores y que sean sometidas a “congelamiento”. Este proyecto ya había sido presentado bajo el expediente 24.686, pero fue retirado por su proponente.