El proyecto reforma el artículo 20 de la Ley General de Control Interno (Ley 8292), para que todos los entes públicos cubiertos por esa ley estén obligados a contar auditorias internas. Además, modifica el artículo 27 de esa ley para que las instituciones deban destinar, por lo menos el 3% de su presupuesto anual para asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. Además, señala que la jornada laboral deberá ser completa, a menos que se solicite autorización, en casos muy calificados, a la Contraloría General de la República. Y califica como falta grave el para los jerarcas y personal involucrado de la Administración Activa que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna