Esta reforma pretende regular el uso de la firma digital certificada a toda la documentación relativa al proceso de formación de la ley como, por ejemplo: los proyectos de ley, las mociones, las actas de los diferentes órganos, los decretos de ley, los recursos e instrumentos reglamentarios legislativos, así como todos los documentos de índole administrativos, siempre que se asegure la autenticidad, integridad y legalidad.