El proyecto propone aumentar las penas por aborto, elevándolas a un rango de 20 a 35 años, si se realice sin consentimiento de la mujer o esta es menor de 15 años, y a un rango de 18 a 35 años si es con el consentimiento de la mujer. Además, elimina la posibilidad de que se extinga la pena si la mujer que cause su propio aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación, y limita la aplicación del aborto terapéutico a casos en que esté en riesgo la salud física de la mujer.