El proyecto asigna al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada la obligación de regular los costos de graduación, estableciendo que las personas estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos académicos, pero que no puedan asistir a la ceremonia de graduación, solo deban abonar el costo de titulación y, de igual manera, puedan juramentarse en el período establecido por la universidad, así como establecer un modelo especifico de cobro para las tarifas y costos asociados a los trabajos comunales universitarios y los trabajos finales de graduación, de manera que no se haga incurrir a las personas estudiantes en gastos excesivos que les impliquen un impedimento para el progreso o la conclusión de la carrera universitaria.