Propone una pena de prisión de diez a quince años a todo funcionario de los diferentes cuerpos policiales que, aprovechándose de su conocimiento y posición, entrene o asesore a individuos o grupos en técnicas para el homicidio por precio o por promesa remuneratoria o cualquier otra actividad delictiva organizada. Adicionalmente, se impondrá la inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas por un período de veinte años.