Establece la prohibición de portar o tener armas de fuego, a las personas condenadas con penas privativas de libertad, en cualquiera de sus modalidades, que tengan sentencia en firme por delitos contra la libertad, delitos contra la autoridad pública, delitos sexuales e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito cometido con arma o donde medie la violencia; menores de dieciocho años; quienes tengan un impedimento mental o físico debidamente declarado por autoridad profesional competente en ciencias médicas, que imposibilite el manejo en general de las armas de fuego; con antecedentes penales en el registro y archivo judicial por diversos delitos violentos.