El proyecto pretende crear el delito de extorsión sexual de persona menor de edad, que tendrá una pena de prisión de cinco a diez años, y se da cuando una persona mayor de edad extorsione a una persona menor de edad, con amenazar divulgar fotografías o mensajes de la persona menor de edad, con fines de obtener un beneficio sexual o económico de la persona menor de edad ofendida. Establece obligaciones a instituciones del Estado para atender estos casos e incluye una prohibición para a que personas físicas y jurídicas, mediante métodos de mercadeo, soliciten información personal y sensible de las personas menores de edad, para fines comerciales, sin el expreso y comprobado consentimiento de sus padre, madre o representante legal.