El proyecto pretende regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad, impuestas por los tribunales de justicia conforme las disposiciones constitucionales y legales, teniendo como finalidad asegurar su cumplimiento y procurar la inserción social de la persona sentenciada. El presente proyecto de ley nace como un esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia en asumir respuesta anta la ola de criminalidad que atraviesa el país. La redacción de este proyecto de ley estuvo a cargo de la Sala de Casación Penal; la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública con el gran apoyo de jueces de ejecución de la pena.