Mediante la presente iniciativa se pretende incorporar expresamente en el ordenamiento jurídico costarricense que los Juzgados de Trabajo, también puedan tener acceso a las bases de datos de beneficiarios finales, cuando exista una necesidad de determinar quién o quiénes son las personas físicas obligadas al cumplimiento de obligaciones patronales. Esto con la finalidad de evitar los fraudes y abusos que a menudo se cometen mediante el uso abusivo de la personalidad jurídica de las sociedades, en perjuicio de las personas trabajadoras.