Este proyecto pretende que aquel que se apodere ilegítimamente de bienes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica del país, a través del hurto y/o robo de energía y debido a ello cause la suspensión del servicio público total o parcialmente, reciba después de demostrada su culpabilidad, una pena proporcional al daño causado: de 6 meses a 4 años de prisión en caso de un daño en el Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica; de 3 a 5 años, a quien se apodere ilegítimamente de la energía eléctrica; y de 1 a 3 años, a quien se apodere, altere o manipule ilegítimamente los sellos, conductores de acometida, medidores y demás dispositivos del sistema de medición de energía eléctrica. Además, se incluyen situaciones agravantes que aumentan hasta en un tercio la pena.