Esta iniciativa de ley tiene como antecedente el expediente N°19.772, el cual fue archivado por vencimiento del plazo cuatrienal el 21 de noviembre del 2018. Propone establecer un vínculo de solidaridad legal entre la empresa contratante y la empresa contratista hacia la persona trabajadora, a fin de que ambos respondan de manera solidaria, ante eventuales incumplimientos de obligaciones de carácter laboral. Para el caso de las administraciones públicas, se reafirma la obligatoriedad que tienen en la ejecución de la acción de regreso, con la finalidad de recuperar lo pagado, con la finalidad de que la responsabilidad solidaria en el caso del sector público, no se transforme en la práctica en una habilitación para el subcontratista en incumplir sus obligaciones como patrono.