El proyecto de ley promueve una modificación de los artículos 3 y 4 de Ley General de Contratación Pública, de manera tal que se integre el principio de neutralidad competitiva como parte de los elementos necesarios a considerar en los procesos de contratación; se ajusten las normas de excepción, con el fin de eliminar los casos de contratación entre entes públicos cuando los servicios a ser contratados se presenten en mercados en competencia donde concurran agentes económicos públicos y privados; se derogue la posibilidad de contratar como excepción publicidad, y, finalmente, incluir en forma clara los elementos que deben contener los estudios de mercado que fundamentan las contrataciones en la administración.