Propone reformar la Ley de Servicios de Seguridad Privada (Ley 8395) para eliminar el tope de número de agentes por prestador de servicios (actualmente 10% del tamaño de la Fuerza Pública), además crea un esquema sancionatorio para mejorar la potestad fiscalizadora de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, introduce medidas para combatir la competencia desleal generada por la actividad ilegal, y para garantizar los derechos laborales de los agentes de seguridad privada y planteamiento de mejoras para sus respectivas credenciales.