Pretende destinar los recursos asignados al Fondo de Avales (Ley 10.106) al financiamiento de las micro, pequeñas empresas y cooperativas rurales que requieran renovar su flotilla pero que, por sus condiciones económicas, no cuentan con los recursos necesarios. Además establece que los concesionarios deberán demostrar encontrarse al día con las obligaciones patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social para la licitación y para la renovación (o adquisición de una nueva línea) deberá demostrar estar al día con sus obligaciones tributarias y parafiscales y que, en igualdad de condiciones, se dará prioridad en segundo lugar a las cooperativas de usuarios que existan o se constituyan con ese fin y a las micro y pequeñas empresas autobuseras; y en tercer lugar, a las empresas que presenten una flotilla de unidades con motor híbrido o totalmente eléctrico.