La presente iniciativa, pretende bajar de un 40% a un 10% el monto que la Ley sobre la Venta de Licores le asigna a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la diferencia del 30% se les girará a todas las municipalidades del país para la atención de infraestructura y equipamiento educativo y de seguridad ciudadana en cada cantón. Establecer un tope máximo de un veinte por ciento (20%) de los recursos asignados para financiar gastos corrientes de la administración general de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica, Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, las cuales además deberán presentar anualmente un informe detallado sobre el uso y ejecución de los recursos asignados de conformidad con la presente ley a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.