Abre una investigación en la Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre la realidad actual que afronta la población de los pueblos indígenas por parte de las instituciones públicas que brindan o deben brindarles servicios, el cual tendrá como objetivo la presentación de un informe ante el pleno de la asamblea en el marco del ejercicio constitucional del control político.