El proyecto busca que, para el caso de alquileres de viviendas populares (con un alquiler equivalente o inferior al monto del salario mínimo para Trabajadores en Ocupación No Calificado) los aumentos anuales no queden vinculados al Índice de Precios al Consumidor, sino al aumento de los salarios mínimos del sector privado, de tal forma que se pueda proteger la capacidad adquisitiva de los hogares que perciben menores ingresos.