Establece que para todo proyecto de ley que implique la creación, fusión o supresión de los órganos o entes menores de la Administración, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Ministerio de Planificación y Política Económica, a fin de que rinda criterio técnico y jurídico del proyecto de ley de que se trate. El criterio técnico y jurídico que rinda el Ministerio no será vinculante.