Permite que las municipalidades puedan donar o desafectar directamente bienes muebles e inmuebles sin requerir de un trámite de legislativo, siempre que estas donaciones o desafectaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado, instituciones autónomas o semiautónomas y organizaciones de desarrollo comunal, todas quienes a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades.