Suspende las ordenes sanitarias con cierre definitivo de todos los centros educativos en los cuales el Ministerio de Educación Pública no tenga otro espacio físico para impartir las clases presenciales. Dicho plazo será prorrogable por una única vez por un año natural. Establece la obligación al Ministerio de Educación Pública de que, en un plazo no mayor a dos años presupuestarios, solvente las falencias estructurales de los centros educativos con orden sanitaria con cierre definitivo y orden de demolición.