El objeto de esta Ley es establecer los mecanismos de regulación de todas las etapas que comprende la exploración, explotación, acopio, beneficiamiento y aprovechamiento de los recursos minerales, geológicos y otros no vivos, así como la creación del Instituto de Geología y Minería como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía que permitirá la consolidación de un Servicio Geológico Minero y el establecimiento de varios órganos especializados que estarán encargados de investigar, administrar, asignar, promover, fiscalizar y controlar el aprovechamiento de esos recursos existentes en el territorio continental y marítimo de nuestro país. También, mediante la presente ley se crea la Empresa Nacional Minera y se establecen las funciones estratégicas que deberá cumplir. Adicionalmente, se regula el conjunto de obligaciones y derechos que poseen los titulares de los títulos habilitantes y se crean las infracciones y sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas en la presente Ley. Están sometidas a la presente Ley y a la jurisdicción costarricense, las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades reguladas en esta Ley, que se originen, terminen o transiten por el territorio nacional.