Esta propuesta de reforma de ley pretende modificar la Ley de Zona Marítimo Terrestre para poder brindarle al inversionista privado una mayor seguridad jurídica para motivar el riesgo necesario; esto sin eliminar el sentido de concesión que la ley tiene hoy. Además, esta reforma les otorga a los concejos municipales las facultades suficientes para que, dentro de la autonomía municipal que les rige, puedan decidir sobre el territorio que les corresponde. También, reduce la burocracia y despolitiza el proceso de otorgamiento de concesiones; obliga al concesionario a realizar una inversión efectiva y le establece plazo; diferencia las inversiones para categorizar y establecer impuestos basados en la generación de empleo, y establece reglas claras para la renovación de concesiones. Hace que los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar pasen de ser parte de la zona pública a ser parte de la zona restringida.