Amplia la posibilidad de inscribirse en el régimen simplificado de tributación, que actualmente está limitado a las empresas que cuentan con un máximo de cinco empleados, a empresas con hasta ocho. Además, incorpora un criterio de exclusión del contribuyente del número de empleados, mismo que ya ha sido aceptado por Hacienda y en la actualidad forma parte de los criterios de calificación, pero que no constaba en la ley y por lo tanto podría ser variado en perjuicio de los propósitos que inspiran esta iniciativa. Además, amplía el límite de compras para acceder al régimen simplificado, de ciento cincuenta a doscientos cincuenta salarios base durante el año, elimina todos los timbres para la operación del régimen. Se propone con una vigencia temporal de dos años para esta reforma. Cumplido ese tiempo el ejecutivo podrá valorar, por una única vez, la conveniencia de prorrogar la aplicación de estas medidas por un plazo adicional de otros dos años, luego de lo cual volverán a ser de aplicación las normas que existían de previo a la reforma propuesta.