Esta iniciativa propone crear una posibilidad para que las instituciones que deban abastecerse mediante el Consejo Nacional de la Producción (CNP) ostenten una capacidad de negociación que hoy no tienen, que les permita resguardar, en todos los casos, los intereses o servicios públicos que deben prestar, teniendo en cuenta el principio de continuidad del servicio público. La modificación propuesta no constituye una salida o una excepción automática para que las instituciones obvien el mandato legal del artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción vigente, sino que busca darles un poder de negociación que las faculte a solicitar determinadas condiciones de cumplimiento al CNP, y solo en caso de que éste no las atienda o no las satisfaga, bajo la comprobación documentada, operará la excepción para abastecerse por medio de otros proveedores.