Pretende que, por vía de ley, los poseedores de terrenos en la zona de los dos mil metros de ancho a lo largo de las fronteras con Panamá y Nicaragua, puedan contar con un título de propiedad, excepto en aquellas áreas que correspondan a la zona marítimo terrestre, las que se encuentren afectadas a un régimen de protección especial conforme a la legislación vigente sobre áreas protegidas, y cualquier otro bien de dominio público.