Busca promover la regularización de los municipios que cuentan con territorios costeros o insulares y que tienen la obligación legal de emitir el ordenamiento territorial y promover la administración eficiente de los inmuebles que pertenecen a dichos municipios, asignando obligaciones de asistencia financiera o técnica al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto Costarricense de Turismo y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para colaborar con la elaboración de esos planes reguladores.