Busca sancionar las acciones u omisiones de las personas a cargo de hacer respetar la ley cantonal de ordenamiento territorial: el plan regulador, no solamente de quien dé los visados de los planos. Se proponen penas de prisión, para las personas integrantes del gobierno municipal, que sean un tercio más altas que las establecidas en el artículo 37 de la Ley de Planificación, cuando se trate del otorgamiento de actos administrativos finales de autorización, o bien, cuando se esté frente a la omisión de actuar como garantes de la normativa correspondiente.