El objeto de esta reforma Constitucional es ampliar el concepto de los Presupuestos de la República y desarrollar el principio de equilibrio presupuestario en el artículo 176 de nuestra norma fundamental. Así como establecerle una nueva competencia a la Contraloría General de la República, en su carácter de órgano adscrito a la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, plantea una ampliación del concepto de presupuesto en nuestra Constitución, estableciéndolos como un mecanismo de gestión, planificación y control de las políticas de Estado, e introduce que si no se aprueba el presupuesto en los plazos establecidos regirá el aprobado el año anterior.