Amplia la obligación de rendir declaración de su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República a los funcionares de confianza que trabajen directamente para un jerarca de las instituciones de la Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos; así como en la Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.