Establece la obligatoriedad para las instituciones públicas a instalar la Bandera en sus edificaciones. Faculta a las instituciones autónomas y municipales a utilizar la Bandera Nacional, conjuntamente con la bandera propia de estas instituciones, con el fin de no generar ningún conflicto respecto a la identidad de estas instituciones, pero guardando siempre el respeto hacia la bandera patria como símbolo supremo. Regula la instauración de la Bandera en los puertos de acceso y egreso del Estado costarricense y establece algunas reglas básicas del uso. Introducen sanciones en cuanto al cumplimiento de las normas de utilización de la Bandera Nacional, en concordancia con el artículo 339 del Código Penal. Establece reglas básicas respecto al uso adecuado tanto de la Bandera como del Pabellón Nacional.