Está dirigido a reforzar, actualizar y ajustar la Ley Indígena con los estándares de derechos humanos citados, para propiciar un marco legal claro y robusto que contribuya a detener los actos de amenazas, acoso, agresión y violencia perpetrados contra las personas indígenas recuperadoras de hecho de sus territorios; reafirmando el derecho que éstas tienen a ocupar sus tierras, evitando que sean desalojadas y obligando al Ejecutivo a actuar con un enfoque de derechos humanos adoptando otras medidas urgentes para resolver la situación que se viene arrastrando en perjuicio de los pueblos indígenas por décadas, y así de esta manera, colocar la responsabilidad en el Estado de cumplir con la garantía de efectivo ejercicio de este derecho, reconocido internacionalmente.