El objeto de esta ley es hacer una reforma general a las normas de regulación económica del servicio público, como mecanismo de modernización de la regulación económica y protección de los usuarios. Se realizan una serie de modificaciones normativas para permitir a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos fijar precios mediante una variedad de modelos tarifarios sustentados en esos criterios técnicos y complementar la definición de Servicio Público con la de Servicios Económicos de Interés General. Se propone una reforma general, donde se amplían y reforman conceptos vitales para esta nueva modalidad de fijación de precios. También se hacen reformas importantes sobre las tarifas, para permitir nuevos modelos tarifarios sustentados en la ciencia y la técnica; así como los procesos de fiscalización y rendición de cuentas. Adicionalmente, se reforman normas sobre las audiencias y sus procedimientos.